Vie 12 Dic 2008
finanzas.com
La especialización y extremar el cuidado con los empleados de habla no hispana son las principales prioridades de empresarios y Administración para reforzar la prevención.
Cada año fallecen en Europa 27.000 trabajadores en accidentes laborales. Una cifra que, según el Instituto Europeo de Bienestar Social, se eleva hasta los 300.000 si incluimos a quienes mueren a causa de alguna enfermedad profesional. Si extendemos la estadística a todo el mundo, las víctimas mortales de la siniestralidad laboral asciende hasta los dos millones.
España, al igual que sus vecinos, empieza a dar pasos para paliar esta lacra, cuyo impacto económico equivale al 4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE. Según los datos hechos públicos a primeros de diciembre por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en los primeros nueve meses de 2008 el número de accidentes ha pasado de 697.675 a 642.525 con respecto al mismo período de 2007, lo que supone un descenso del 7,9%. Esta mejora es debida al «pacto sin precedentes entre Administración, sindicatos y empresarios en el sector de la construcción», como afirma Concepción Pascual, directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSH), pero sus frutos se ven amenazados por la creciente especialización profesional –que en muchas ocasiones va por delante de la formación y legislación en seguridad– y por el desconocimiento del idioma entre algunos colectivos inmigrantes.
Si bien no todos coinciden con este balance –desde MCA-UGT insisten en que «el descenso se debe a un menor número asalariados»–, los expertos sí que comparten que la apuesta por la prevención es la mejor aliada para hacernos descender en las listas de siniestralidad europeas.
Riesgos diferentes
Para Carlos Castro, director general de la Sociedad de Prevención de Fraternidad Mutrespa, «la preocupación ha traspasado la frontera de la gran organización y se encamina hacia la ‘pyme’». Este reto se centra en actuar sobre la especialización –«dentro de un mismo sector, cada función tiene sus riesgos diferentes»– y la interprofesionalización: «Los peligros no son exclusivos, siempre se comparten con otros trabajadores y la sociedad», reconoce Castro, al tiempo que advierte de que la especial mirada sobre la construcción también se tiene que poner en sectores como la minería o la industria, que ha registrado 20 accidentes mortales más este año, de un total de 645.
Pero si la prevención pasa por diferenciar profesiones, también debe hacerlo en base al perfil del trabajador, y la población no hispanoparlante ha de ser una de las principales prioridades para el empresario. Pascual explica que para ellos el riesgo es mayor porque «tienen instrucciones de prevención que no comprenden y, por tanto, no saben ejecutar adecuadamente». «La seguridad pasa por elaborar planes de acogida integral, ya que este colectivo suele ser empleado en sectores con mayor peligrosidad y bajo contratos temporales, lo que impide un mejor conocimiento de la empresa», insiste. Además, explica que «el desconocimiento del idioma no es el único problema –explica la directora del INSH–, también lo es el del oficio tal y como aquí lo entendemos».
Carlos Cañas, de MCA-UGT apunta a que estos empleados son de los más perjudicados por la crisis o, mejor dicho, por «la relajación en materia de salud de los empresarios y el aumento de la precariedad laboral». Una realidad que rechazan desde el INHS –«si no hay más inversión es por falta de percepción de riesgo, porque una empresa segura es una empresa más competitiva»– y sobre la que insiste «haber hecho un esfuerzo importante con el aumento del número de inspectores y técnicos habilitados desde las comunidades autónomas».
Desde las mutuas también se asegura que esta situación no es tal, aunque pronostican incrementos, no en materia de accidentes, sino de enfermedades laborales, que ya en este ejercicio han aumentado en un 16,2% (9,4% con baja y, 30,9%, sin ella).
Nueva directiva europea
Lejos de cualquier lectura negativa, el crecimiento de afectados por enfermedades profesionales se debe, más que a un incremento real, a las consecuencias de la puesta en marcha en 2007 de una directiva europea que incluía un nuevo catálogo de patologías.
Un paso de gigante al que acompañó una fuerte regulación, que por primera vez involucró a empresas, mutuas y sanidad privada, y que permitió la elaboración de mejores protocolos para su diag_nóstico y tratamiento. Vicente Aparicio, subdirector general de Asepeyo reconoce este adelanto «frente a la históricamente desfasada lista de enfermedades profesionales sin normas de aplicación» pero advierte del largo camino por recorrer: «Hay que formar a verdaderos especialistas en la materia y elaborar profesiogramas y ‘cartillas’ de trayectoria laboral que nos permitan actuar mejor y más rápidamente».
Por: Laura Cubas